Cantabria goza de una intrincada red de acuíferos subterráneos. Aunque no se conoce con total exactitud la dinámica de la mayoría de ellos, sí se sabe que están muy interconectados, formando un sistema dinámico. En la vertiente norte, son los montes pasiegos, las cabeceras de los ríos Pas, Pisueña y Miera, las principales zonas de captación de agua de lluvia y recarga de esta tupida red de acuíferos.
Es precisamente en estas comarcas donde más avanzados están los permisos de fracking. También están afectadas las cuencas del Asón, Agüera, Besaya, Saja, Nansa y Ebro. De nuestros principales cauces, solo el Deva está –de momento– a salvo.
A pesar de la ley autonómica que prohíbe esta técnica, la multinacional Repsol ha anunciado –con cierta prepotencia– que desembarcará este verano en Cantabria para realizar un estudio de sísmica 3D: el plano en tres dimensiones del subsuelo, sobre las 75.000 Ha que abarca su Permiso de Investigación “Luena”. Los cimientos que les permitiría después realizar la fractura hidráulica. Y también ha solicitado ya realizar las primeras perforaciones en suelo cántabro, en el corazón de los montes de Pas. Actualmente con los trámites iniciados. ¿Quién invierte, quien construye los cimientos de una casa que no espera terminar?
Este P.I. “Luena”, y el resto de permisos que afectan a Cantabria –salvo uno–, son competencia directa del Ministerio de Industria. El mismo día que el Parlamento Autonómico –nuestro máximo órgano– aprobó por unanimidad la mencionada ley, apareció en los medios el ministro Soria. Anunció una reforma de la Ley de Hidrocarburos para que, en el tema del fracking, todas las Autonomías se rijan por el mismo patrón. Anuncio que ha reiterado en sucesivas ocasiones desde entonces. En implícita alusión a la normativa cántabra, le ponía la fecha de caducidad a la prohibición. Ya lo decía nuestro consejero de medioambiente: que ninguna ley tiene vocación de eternidad y que cuando el marco legislativo sea más claro…
También el Ministro de Medio Ambiente, Arias Cañete, ha anunciado cambios en la ley de impacto ambiental; entre otras cosas, para fijar las medidas correctoras y agilizar los trámites de concesión a las empresas del gas. Desde el Gobierno Central no solo dan por hecho el fracking sino que lo facilitan.
En este contexto, la generalizada oposición de la población cántabra se prepara para un verano caliente. Seremos la gente ‘de a pie’, desde lo que cada uno podamos aportar, quienes paremos este despropósito.
Pero ¿por qué tanta polémica con la fractura hidráulica? Veamos: La implantación de estos permisos supondría una ocupación y transformación brutal del territorio. Cada plataforma ocupa unas 2 hectáreas y extrae el gas de una superficie de estrato profundo algo mayor. A partir del segundo año disminuye mucho la producción y el tiempo de vida medio de cada pozo viene a ser de unos cinco años. Por eso esta industria pesada necesita perforar continuamente para amortizar la inversión. Cuando los pozos ‘viejos’ dejan de ser productivos, se emplean como sumidero de los residuos que se van generando en los de nueva y continua construcción. Solo el P.I. “Luena” ocupa más de 75.000 hectáreas. Si sumamos todos los permisos posibles de Cantabria, hablaríamos de cerca de la mitad de nuestro suelo directamente afectado. Por ejemplo, el agua de Santander y el arco de la bahía proviene del río Pas, a la altura de Toranzo -zona incluida en el P.I. “Luena”-. El agua o los modelos económicos traspasan los límites administrativos de estas concesiones. Todo Cantabria asumiría los riesgos.
La construcción de pistas, desmontes, zonas de acceso restringido, elevadísima intensidad de tráfico de vehículos pesados –muchos con mercancías tóxicas y peligrosas-, etc, supone un impacto inasumible para las principales fuentes de riqueza ambiental y económica: el paisaje, la actividad ganadera y agraria, cinegética, el turismo y hostelería, los usos recreativos, residenciales, etc.
Al riesgo de contaminación irreversible de los acuíferos se añaden los peligros sobre manantiales, regatos y ríos. La probabilidad se dispara, a medida que pasa el tiempo y se intensifican las perforaciones, por los efectos acumulativos y sinérgicos. Además de la imprevisibilidad del comportamiento de los sumideros de residuos en pozos abandonados, ya que aún no ha pasado el suficiente tiempo en ningún lugar del mundo. Además de los aditivos químicos empleados, hablamos de metales pesados o partículas radioactivas que, confinadas naturalmente a kilómetros de profundidad, pueden aflorar.
La disponibilidad de cantidad suficiente de agua potable para suministro de la población u otros usos (agrarios, industriales…) también puede verse amenazado. Esta técnica emplea enormes volúmenes de agua dulce (unos 200.000 metros cúbicos por plataforma). Un agua que ‘se gasta’, que nunca retorna al ciclo hidrológico. Siendo prácticamente imposible su correcta depuración, cuando retorna, lo hace contaminando.
Los riesgos sobre la salud, en múltiples aspectos,  también están sobradamente contrastados. Los accidentes, la contaminación atmosférica, el despoblamiento, la caída del valor de las propiedades, la imagen exterior que daremos, las cuevas y un largo y penoso etcétera.
En fin, la implantación del fracking en nuestra tierra supondría un antes y un después en lo que hasta ahora hemos conocido como ‘Cantabria’. Un modelo tan agresivo  como cortoplacista. En unas pocas décadas (¿20? ¿30 años?) el gas se habrá acabado. Las empresas harán las maletas llevándose los beneficios de esa economía especulativa. El poco empleo generado –irrisorio comparado con el que van a destrozar- también se irá con ellas. Nuestros recursos naturales quedarán seriamente dañados. Nuestros usos y actividades, arruinados. Solo tierra (y agua) quemada tras de sí.
No lo permitiremos. ¿A que no…?
Asamblea Contra la Fractura Hidráulica de Cantabria