Al norte de la Ibérica, en la confluencia de León, Palencia y Cantabria, se extiende uno de los espacios más emblemáticos y mejor conservados de la Cantábrica. En dicho lugar han persistido diversas especies animales (oso pardo, urogallo, águila real…) y endemismos botánicos (hasta catorce especies de flora), además de un patrimonio paisajístico y geológico único en Europa Occidental. Esta riqueza ecológica hizo que fuese protegido por la Junta de Castilla y León en el año 2000, declarándose el Parque Natural de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (LEY 4/2000, de 27 de junio), que limita con el Parque Regional de Picos de Europa y con el propio Parque Nacional. A su vez, el área está incluida en la Red Natura 2000 para la conservación de los hábitats y las especies amenazadas en la Unión Europea, presentando varias figuras de protección:  Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) Picos de Europa en Castilla y León, LIC Montaña Occidental, además de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), entre otras.
A pesar de todas estas figuras de protección del patrimonio común y del declive del sector del esquí (basta mirar el presente del resto de estaciones de esquí cantábricas, y su particular y deficitario futuro, más aún cuando el aumento de las temperaturas a escala global es ya un hecho irrefutable, que sólo puede garantizarse vía inversiones públicas), en el año 2003, en plena época de vacas gordas, comienzan a aparecer las primeras intenciones de expolio y destrucción de este espacio. Diversos promotores, (principalmente inmobiliarias; oh, casualidad!) creen tener la gallina de los huevos de oro, que no es otra que la construcción de una megaestación de esquí en San Glorio. El objetivo: privatizar lo público para desarrollar un proyecto urbanístico con la excusa del desarrollo y la promesa de un futuro mejor para las gentes de la montaña, quienes llevados por la necesidad de una alternativa de desarrollo (suponemos que sea cual sea) que frene el continuado abandono de sus pueblos no dudan en desear el proyecto a cualquier precio. Claro, las cifras esgrimidas por los promotores no son baladís; prometían invertir 100 millones de euros, para generar 400 empleos directos y 3.500 indirectos, y la creación de una de las tres mejores estaciones de esquí de la Península Ibérica (la Suiza de España, llegaron a decir), en un complejo que beneficiaría a 22 municipios leoneses y palentinos, esencialmente.
Frente a esta idea la lucha ha sido, no obstante, muy desigual. A un lado, el que llamaremos mal gobierno, formado por las empresas promotoras, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, alcaldes de varios pueblos de la zona y de unos medios de comunicación cuya objetividad ha brillado por su ausencia. Su papel ha sido crucial para alimentar el engaño de la población local, anunciándose de manera continuada la inminente construcción de la estación de esquí, y  para culpabilizar y denigrar a los colectivos y vecinos en contra del proyecto. Al otro lado, una plataforma que agrupa a ciudadanos y asociaciones ecologistas, con el apoyo de las universidades de varias Comunidades Autónomas, que han sido objeto de la ira de los promotores y de algunos vecinos, y culpabilizados de las diversas sentencias judiciales que han ido dictándose en contra de la sin razón del mal gobierno. Hagamos un repaso de los hechos.
El principal escollo que los promotores se han encontrado a lo largo de estos diez años es la propia protección del espacio. Ya la propia Ley 4/2000 prohibía expresamente la instalación de estaciones de esquí (junto con el almacenamiento de residuos nucleares). Para solventarlo, la Junta de Castilla y León movió ficha y elaboró un Real Decreto en el año 2006 modificando dicha normativa. Ante este cambio, diversos colectivos recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL), que les dio la razón a principios de 2008 con hasta tres sentencias anulando el mencionado Real Decreto.
Pero el mal gobierno sigue en sus trece y en 2010 modificó la Ley 4/2000 suprimiendo la prohibición de instalación de una estación de esquí en este espacio protegido, y así dejar vía libre al proyecto. Para ello, modificó además algunas leyes: por un lado, la Ley del Territorio, posibilitando la aprobación de cualquier proyecto regional como proyecto de ley, con la consideración de utilidad pública, lo cual pretendía blindar esos proyectos de potenciales recursos en su contra. Por otro lado, modificó la Ley de este Parque Natural, sustituyendo el decreto suspendido por el Tribunal de Justicia regional por una ley (Ley 5/2010 de 28 de mayo). Por último, declaró el proyecto de interés regional para así evitarse un estudio de compatibilidad con los recursos naturales del Parque. Afortunadamente, el TSJCYL vio indicios de inconstitucionalidad en la modificación de esta ley, y apreció que no pretendía otra cosa que esquivar la sentencia de 2008, con lo que el presente año acude al Tribunal Constitucional. Este nuevo revés judicial es relevante, puesto que significa que el proyecto no puede avanzar hasta que el Alto Tribunal resuelva la cuestión. Y todo parece apuntar que efectivamente el Constitucional dará la razón al TSJCYL, lo cual supondría el carpetazo final a la aberrante idea de la estación de esquí, y al engaño continuado a las gentes de la montaña.
Alguien debería sacar conclusiones del cómo se ha llegado a esta situación, de quiénes son los responsables reales de diez años perdidos en San Glorio, y del por qué nuestros espacios protegidos no son motor de desarrollo, siendo esto en parte una de las razones por las que se crearon.
Parecen olvidar, nuestros políticos del mal gobierno, que no todo vale en esto del desarrollo, menos aún jugar con las vidas de los ciudadanos. Puestos a saltarse a la torera la legislación, de hacer desobediencia civil y de modificar algunas leyes, adaptémoslas a las necesidades de la mayoría; esto es, protejamos el bien común, por ejemplo modificando la ley electoral, o desprotegiendo a los bancos para proteger a los ciudadanos, evitemos los desahucios, o demos salida a la iniciativa legislativa popular por una renta básica. De no ser así, seguiremos pensando que no representan al pueblo, sino al capital. Y tras estos 10 años podemos decirles, alto y claro: especuladores, San Glorio NO SE VENDE.
 
Nota: Vaya desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todas y cada una de las personas y colectivos que han luchado y luchan cada día por el bien común; la batalla de San Glorio será siempre un hito que esperamos que cale en la sociedad para cuando vuelvan los especuladores con sus promesas… ojalá nos equivoquemos y no vuelvan nunca.