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En materia ambiental, el Gobierno español se jacta de tener leyes ambientales avanzadas (cuántas veces hemos oído ‘el que contamina paga’), derivadas de las directivas de la Unión Europea sobre gestión ambiental y conservación de la naturaleza. También presume de transparencia en los procedimientos administrativos. Sin embargo, observamos que los responsables políticos son, en demasiadas ocasiones, opacos durante esos procedimientos para cumplir con la legislación. También observamos con frecuencia cómo algunos tribunales ‘hacen de su capa un sayo’ y dejan sin condena a las empresas que contaminan, y lo mismo a los responsables políticos que toman las decisiones de contingencia para minimizar los desastres ambientales. Pongamos algunos ejemplos.
Opacidad durante el procedimiento administrativo: recientemente, tras 4 años de pleito, WWF ha ganado un caso frente al Ministerio de Industria por no haber facilitado información ambiental sobre el proyecto de construcción de la refinería Balboa, en Extremadura, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se confirma el acceso a la información ambiental como un derecho básico de los ciudadanos. Un derecho básico que el gobierno no respeta. Este tribunal recuerda el derecho de los ciudadanos a exigir a los poderes públicos medidas para proteger el medio ambiente, así como el deber de los ciudadanos de protegerlo. En consecuencia, para que los ciudadanos puedan preservarlo de forma real y efectiva, tienen que poder participar en la toma de decisiones. Para lograrlo, recuerda que el acceso a la información ambiental es una herramienta básica.
Absolución de empresas contaminadoras y representantes políticos: el pasado mes de noviembre, tras una instrucción de 9 años, hemos asistido al último acto de la gran pantomima de la justicia española. Como se relata espléndidamente en el blog Naturaleza Cantábrica en su entrada ‘Yo sí que me acuerdo del Prestige’, tras nueve meses de juicio la causa del Prestige se resolvió con una única condena: la del capitán del barco, el griego Apostolos Mangouras, por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas, recibiendo una condena a nueve meses de prisión. El fallo judicial avaló la orden del ex-director de Marina Mercante José Luis López-Sors de llevar mar adentro el navío tras el siniestro, y le absolvió. De esa manera el Estado quedó libre de toda culpa penal y civil, ya que López-Sors fue el único representante de la Administración imputado en el juicio. A la empresa clasificadora del barco y a la empresa armadora las autoridades españolas no consiguieron siquiera enjuiciarlas.
A modo comparativo, la justicia de EE. UU. condenó en 2011, solo un año después del desastre, a la compañía petrolera British Petroleum (BP) a pagar 4.5 billones de dólares. El motivo, la compensación por el desastre ambiental provocado por la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el Golfo de México, y la posterior catástrofe ambiental derivada de la marea negra.Y en otros países, por ejemplo en Chile, recientemente el tribunal civil de Valdivia condenó a una empresa papelera por el daño ambiental ocurrido en el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, sitio Ramsar, por un vertido ocurrido en el año 2004. La sentencia llega tarde, sí; pero al menos hace justicia.
Pero en España, como ya quedó demostrado tras la sentencia en la que se eximía de culpabilidad a la empresa Boliden por el accidente de Aznalcóllar que provocó daños irreparables en el Parque Nacional de Doñana, los delitos ecológicos quedan impunes. Y, por si no fuera suficiente, los altos cargos políticos responsables de tomar decisiones ante las catástrofes, como premio a su (nefasta para el medio ambiente) gestión, suelen ser promocionados a puestos iguales o de mayor responsabilidad.
Sin embargo, la marea negra del Prestige no afectó solo a territorio español. Quizás haya sido una fortuna que el ‘chapapote’ llegara a las costas francesas, pues parece que la justicia del país vecino va a recurrir la sentencia ya que fueron contaminados 250 km de su costa y, lógicamente, quieren que el/los responsables se hagan cargo de ello. Este hecho otorga cierta esperanza a que finalmente se haga justicia ante la ‘caspa’ nacional, y ayudaría a que fuera posando en la ciudadanía la idea de que la naturaleza sobrepasa cualquier demarcación territorial de la política oficial.
La palabra pantomima proviene del griego, del término ‘panto’ (con el prefijo ‘pan’ que significa todo) y ‘mimo’ que significa imitador o actor. Etimológicamente, pantomimos significa ‘que todo imita’. ¿Os suena de algo? En nuestra opinión, es lo que hace el gobierno con la justicia española. Y para terminar, con la que está cayendo en las familias españolas, es de justicia recordar, ahora sí, de justicia, que estas pantomimas que se montan las pagamos entre todos los ciudadanos: en el caso del Prestige alrededor de 1.5 millones de euros. Para esto, la verdad, se podrían haber ahorrado la escenificación de la obra.