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Cuando se cumple un año desde la aparición del iMago, vocero de la asociación Red Cambera para con sus socios, voluntarios y colaboradores, no tenemos nada que celebrar, sino todo lo contrario. Toca levantar la voz ante lo que consideramos (en sintonía con multitud de plataformas, instituciones, colectivos y ciudadanos) una seria amenaza al medio natural, social y económico de Cantabria, y de una buena parte de la geografía Ibérica.
Quién iba a decir que, entrados en el siglo XXI, la fiebre del oro que se desató en California hace dos siglos se fuera a reproducir hoy en nuestro territorio rebautizándose como la fiebre del gas. Es cierto, aproximadamente la mitad de Cantabria es susceptible de guardar bajo el subsuelo determinados estratos pizarrosos en cuyos poros e intersticios se alojan partículas de gas, de las que quieren sacar provecho diversas compañías energéticas con el visto bueno del Gobierno de España. Pero… ¿a quién procede dar el sí a esta amenaza y a qué precio?.
Parece ser que la decisión no recae en los habitantes y usuarios de estos valles cantábricos, ni en sus representantes locales, vecinales y concejiles, que a través de mociones, plataformas, movilizaciones y alegaciones se han unido con un frente común: ni aquí ni en ningún sitio, ni ahora ni nunca. Pero tampoco parece corresponder al propio Gobierno de Cantabria que apuntó en buena dirección al aprobar una ley que prohibiera la fractura hidráulica (más conocida como fracking) en Cantabria, pero, vistas las evidencias, sin dar en el blanco.
La amenaza se cierne sobre el agua. Primero por los ingentes consumos de la misma (extraída de acuíferos o ríos); segundo por su alteración química (por su mezcla con productos químicos específicos y por la incorporación de partículas de gas de la roca almacén)  durante el proceso de fracturación; y tercero por el almacenamiento que tras su uso se realiza en superficie o queda como excedente del proceso en el subsuelo. ¿Cuál es el riesgo de contaminación de acuíferos y ríos?. ¿Cuál es el precio real de la extracción de gas?.
En el caso concreto del Permiso «Luena profundo», solicitado por la empresa Repsol, el acuífero amenazado es el del Puerto del Escudo. Desde un punto de vista hidrogeológico ocupa más de 500 Km2, y está formado por dos acuíferos principales: uno Cretácico (acuífero detrítico formado por areniscas, y arcillas) y, por debajo, otro Jurásico (de composición carbonatada). Entre ambos están presentes una serie de materiales (mayormente calizas y margas, entre el Lías y el Dogger) que constituyen un acuitardo (formación que contiene agua y la trasmite lentamente) que conecta los dos acuíferos principales.
El acuífero detrítico aflora en superficie en casi todo el área del permiso. Su recarga es a través del agua de lluvia, descargándose a través de numerosos manantiales y arroyos de la zona. Tal y como se menciona en diversos estudios encargados por la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico, existe conexión hidráulica con los ríos Pas, Pisueña y Besaya (y tributarios de los mismos). Además por percolación, y a través del acuitardo, transmite agua hacia el acuífero carbonatado jurásico. Éste posee más de 35 manantiales con un caudal importante, así como diversos pozos y captaciones (incluida la de abastecimiento a Santander y arco de la Bahía), y gran parte de su descarga se realiza a través de los acuíferos aluviales de los ríos Pas, Pisueña y Besaya.
Con todo, puede asegurarse sin lugar a dudas, la total conexión hidráulica entre el sistema acuífero Puerto del Escudo (conformado por los dos acuíferos y entre ambos el acuitardo) y los ríos y tributarios de la zona (Pas, Pisueña y Besaya). Puede afirmarse también que la entrada de un contaminante en el sistema acuífero, bien desde superficie por infiltración a través del acuífero detrítico, bien por escorrentía o bien en profundidad tras las operaciones de fracking, repercutirá en todo el sistema, y con ello en fuentes y ríos de la zona, incluyendo el acuífero carbonatado jurásico, de donde se toman captaciones para agua potable para gran parte de la población.
El permiso «Luena profundo» no es un caso particular hidrogeológicamente hablando, pues la mayor parte de permisos solicitados para el fracking se desarrollan en mayor o menor medida junto a acuíferos carbonatados. Estos hidrosistemas son sumamente vulnerables a la contaminación debido a su compleja red de drenaje, que en muchas ocasiones está estrechamente relacionada con los ríos y tributarios en cada zona. Si cuando en superficie se desarrollan actividades contaminantes (como ocurre con determinadas operaciones derivadas del fracking) el riesgo es ya elevado, ¿cómo valorar el riesgo cuando se inyecta en profundidad agua contaminada, que en un alto porcentaje queda allí? Los hidrogeólogos lo tienen más claro: ordenar y restringir los usos en superficie y en profundidad en las zonas de influencia (recarga, transición, descarga) de estos sistemas. Nosotros también.