El pan nuestro de cada día. La ola de privatizaciones como herramienta para combatir la crisis ha producido un peligroso incendio social en Castilla La Mancha que puede armar la de San Quintín.  El pirómano plan de venta de Montes de Utilidad Pública impulsado por ese gobierno regional pretende un nuevo robo a los territorios y sus gentes haciendo pagar a justos por pecadores. En mitad del humo negro, la fumata blanca parece traer buenas nuevas de Roma para orientarnos en este valle de lágrimas en el que territorio, naturaleza y medio ambiente son modificados para formar parte de la economía mundial, sujetándose únicamente a las leyes del mercado. Estas leyes pueden resumirse en dos: “Si hay negocio es a costa del territorio y de la naturaleza”, y “Si hay beneficio territorial es a costa de las pérdidas del lado de los mercaderes.”  Con la generalización del principio de competencia capitalista frente al de organización, el Estado entonces se desvela como el aparato intercesor entre el capital en su conjunto y los capitales particulares, dejando el territorio en manos de los fundamentalistas de la ganancia.
“No cedamos nunca al pesimismo ni a la amargura que el diablo nos ofrece cada día” alienta el Papa Francisco en sus primeros discursos. Estemos atentos, entonces, a descubrir a este ente sobrenatural culpable de todos los males de la Tierra, que se introduce en unos fariseos dirigentes de la economía y del Estado que unen razón de Estado y razón de Mercado, administración pública e intereses privados, apartándose de la (supuesta) Voluntad Divina. Estos sirvientes del Maligno pretenden ahora ser líderes en la lucha contra el desastre proclamando un estado de excepción ecologista, es decir, una economía de guerra basada en la optimización mundial de recursos. Sin embargo, esta nueva desamortización pretende ir demasiado lejos, siendo duramente criticada por amplios sectores.
Los funcionarios advierten que sería necesario cambiar la legislación para su venta, pues actualmente los Montes de Utilidad Pública son “inalienables, imprescriptibles e inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad”. Los ecologistas critican duramente este “plan de enajenación de bienes de titularidad pública” al constatar que los montes que se consiguieron salvar  de la desamortización del S.XIX, han sido y seguirán siendo la base de la conservación de este país. En aquélla se quitaron bienes a los Municipios y al Común (además de la Iglesia) para pagar, casualmente, las deudas de la monarquía contraídas por cuatro guerras.  Por su parte el colegio de Ingenieros de Montes y los agentes forestales, ya denunciaron los efectos desastrosos de las desamortizaciones pasadas (i.e. mercantilización de la propiedad rural) para la economía, la sociedad y la naturaleza españolas.
El territorio es un hecho histórico. Es el espacio geográfico donde concurren todas las actividades humanas interaccionando vida, trabajo, instituciones, economía, pensamiento y naturaleza formando un todo articulado. Ciudades, pueblos, campos, ríos, bosques y montañas están relacionados entre sí y con todo. Si la interacción entre la naturaleza y la sociedad no es armónica y equilibrada, la vida se degrada y el territorio se destruye. Mucho antes de España estaba el territorio común y compartido. Con esta nueva desamortización pongamos el grito en el cielo. ¡Una y no más! Ante la artificialización y destrucción generalizada que produce el pensamiento único del mundo de la técnica y la economía, hagamos una Custodia del Territorio basada en los valores de cooperación, propiedad y uso común, igualdad y gratuidad de una  cultura agraria basada en las leyes y costumbres que configuraron y transmitieron el territorio. Construyamos camberas por donde no cuajen propuestas de gobernanza envenenada y de participación vacías de contenido, donde la Hacienda de muchos que el diablo se la lleva sea la “Hacienda de Todos”.